Presidente de Transparencia dice que entidad “no tiene carácter investigativo que dé lugar a sanciones”

En medio de cierta polémica después de que el exsecretario de Estado Hernâni Dias afirmó que tenía la aprobación para ser socio de agencias inmobiliarias , luego de que se conocieran casos de aparente conflicto de intereses y Chega defendiera que la Entidad para la Transparencia debería obligar al primer ministro a revelar los clientes de su empresa Spinumviva, el presidente de la entidad argumentó este martes que la institución “no tiene poderes para aplicar sanciones o de carácter investigativo que conduzcan a sanciones”, y que es solo “una entidad administrativa y no un cuerpo de policía criminal”.

En su intervención en la Asamblea de la República en el marco de la conferencia sobre el estatuto de los cargos políticos, Ana Raquel Moniz reconoció que al EpT le resulta “imposible” evaluar imprecisiones, omisiones o incrementos de ingresos y patrimonio porque “no dispone de otros instrumentos de control patrimonial”. Según informó PÚBLICO, la entidad sólo tiene acceso a la información que los políticos le declaran y a los datos públicos abiertos .

Al salir, interrogada por los periodistas sobre la verificación de las declaraciones únicas, especialmente la de Luís Montenegro, Ana Raquel Moniz dijo que la entidad está "verificando [cronológicamente] las declaraciones únicas de todos los titulares y, por tanto, naturalmente, también la del primer ministro". De las 2.596 declaraciones presentadas en la plataforma desde principios de marzo del año pasado, la presidenta volvió a dar las mismas estadísticas que había dejado hace dos meses en el Parlamento: se completó la verificación del 25% y se hicieron algunos informes (que no quiso especificar) al Ministerio Público. El responsable insistió en la idea de que cuando hablamos de la potestad de vigilar y sancionar a los políticos que no cumplen con sus obligaciones de información, estamos "exigiendo [al EpT] algo que la ley no exige".

En el mismo panel, al hablar sobre la enmienda, aprobada en términos generales, que prevé que los titulares de cargos políticos y públicos serán notificados automáticamente sobre la identidad de quienes consulten sus declaraciones, el constitucionalista Tiago Fidalgo de Freitas advirtió que la norma propuesta por el PSD corre el riesgo de ser inconstitucional, pues podría revelar los datos personales de quien solicitó acceso – sea un ciudadano anónimo, un periodista o incluso alguien de un partido de oposición. A quienes le replican que el político está en una posición de mayor fragilidad y exposición y por tanto tiene derecho a saber, responde que ese es el “sesgo total de toda lógica” y que la ley impone a los políticos y altos funcionarios públicos la “obligación de transparencia” en virtud de las funciones que desempeñan.

La presidenta de Transparencia e Integridad, Margarida Mano, defendió que el EpT debe tener acceso a bases de datos públicas para cruzar informaciones y que las declaraciones únicas “deben ser analizadas”, lamentando que la ley “no sea capaz de dar respuesta” a los casos de falta de seguimiento de incompatibilidades y conflictos de intereses que están apareciendo en la plaza pública. Guilherme Silva, exdiputado del PSD, recomendó “cautela, moderación y equilibrio” ante el posible endurecimiento del régimen de incompatibilidades e impedimentos. Porque, señaló, “los políticos serios no se hacen por decreto y los que no son serios siempre tienen formas de burlar la ley a través de testaferros, sin caer en la red” de estas normas.

La advertencia automática corre el riesgo de ser inconstitucional

Por la mañana, en un panel sobre el código de conducta de los diputados, el exparlamentario Paulo Trigo Pereira defendió que se deben prever y aplicar sanciones a los parlamentarios que violen las llamadas reglas de “urbanidad” en el plenario –que utilicen “palabras y expresiones inaceptables”–, a fin de frenar el proceso de “degradación” que se viene observando en el discurso político. Contraria a la tesis de la “libertad de expresión” y de que las sanciones deben ser impuestas por los electores en las urnas, como defiende Aguiar-Branco, el exdiputado rechazó esperar cuatro años para cambiar y sugirió que se “densifiquen” “los conceptos” de lo que no se puede decir, y que se estudien las sanciones existentes en otros países, desde la amonestación y la expulsión del plenario hasta la reducción salarial y la suspensión del mandato. “Debe ser donde duele”.

Por su parte, el investigador de transparencia Luís de Sousa sugirió crear poderes disciplinarios para la Comisión de Transparencia, bajo cuyos auspicios ya funciona el grupo de trabajo sobre el código de conducta, pero la idea no fue muy bien recibida por el PSD y el PS.

La investigadora y constitucionalista Mariana Melo Egídio advirtió que la revisión del código de conducta debe prever una “lógica gradual” en las sanciones y atender a criterios de proporcionalidad. Y, mirando más hacia el futuro, argumentó que también deberíamos considerar incluir reglas para el uso de las redes sociales por parte de los parlamentarios en el código de conducta.